En caso de ganar las elecciones 2023, la oposición ya tiene delineado un plan para gestionar el sector energético.

Los equipos técnicos de Juntos por el Cambio (JxC) preparan desde hace rato los diagnósticos de la situación económica y las propuestas para resolver la crisis, ante la muy probable victoria de la oposición en las elecciones generales (presidenciales, legislativas y de otros cargos ejecutivos) de 2023.

En energía, los referentes de las distintas alas de la coalición (el PRO y su interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta; la Unión Cívica Radical -UCR-; la Coalición Cívica; y Encuentro Republicano Federal, de Miguel Ángel Pichetto) vienen trabajando con ideas sobre el sistema de tarifas, subsidios, transición energética, Vaca Muerta y las centrales nucleares, que expusieron este martes en una reunión en el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), de la que participó El Cronista.

El plan energético de la oposición
Lo más urgente será la “focalización” de los subsidios a las tarifas de la energía para los sectores más vulnerables, “que no pueden ser el 70% de la población”. En lugar de la segmentación vigente, Juntos por el Cambio apostaría a la Tarifa Social Federal y continuaría el Programa Hogar para las garrafas.

Los referentes de la oposición entienden que el programa energético no puede estar desenganchado del programa económico general, ya que la energía es uno de los sectores claves y en 2022 los subsidios fueron del equivalente a 2,2% del Producto Interno Bruto (PIB).

Juntos por el Cambio propone eliminar los subsidios a todos excepto al sector más vulnerable, que quedará con la Tarifa Social Federal y el Programa Hogar
“Los precios de la energía que paguen los consumidores deberán reflejar los costos de la producción. A su vez, los servicios públicos tendrán que ser de calidad y a costos razonables”, es el norte de JxC.

Adicionalmente, el primer día de gobierno nombrarían nuevos interventores para el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), que completen rápidamente una “normalización institucional” para proponer a técnicos en los directorios y que sus nombres sean validados por el Congreso.

A la brevedad, lanzarían una nueva Revisión Tarifaria Integral (RTI) para la luz y el gas, que permitirá a las empresas de transporte y distribución contar con los fondos suficientes para hacer frente al pago de la energía, los salarios, los impuestos, las deudas comerciales y financieras y, fundamentalmente, las inversiones en mantenimientos y ampliaciones de la red, con un plan a 5 años. La última vez que sucedió eso fue en 2016 y entró en vigencia en 2017, para quedar suspendidas ambas RTI en 2019.

También, los técnicos de la oposición proponen revisar y simplificar las estructuras tarifarias de la energía, ya que, por ejemplo, “los 270 precios distintos del gas en el país no incentivan un consumo eficiente”.

Precios Justos: las empresas reclaman más subas

En Juntos por el Cambio quieren apostar a la competencia y al rol del sector privado para las grandes inversiones. El Plan Gas 4 y 5 les parece “razonable” y “se debe respetar”, ya que los precios del gas natural para el consumo interno son competitivos.

Pero también buscan que el petróleo crudo a nivel local tienda hacia la paridad de exportación (export parity, a precios internacionales), algo que no ocurre hoy en la Argentina, ya que las refinadoras compran a las productoras a valores que pueden trasladar a la nafta y el gasoil en las estaciones de servicio.

La consolidación de la cadena de pagos es otra de las metas que se impone JxC, pues en la actualidad el Estado mantiene deudas con generadoras y transportistas de electricidad así como con petroleras, mientras que las distribuidoras de energía acumularon deuda por más de $ 600.000 millones (cerca del 0,5% del PIB) con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), y las de gas mantienen obligaciones con las productoras.

Vaca Muerta y offshore
Ya más en el detalle de cada sector, los técnicos opositores observan una situación de los hidrocarburos mejor que en 2015, gracias a la maduración de las inversiones en Vaca Muerta.

Lo vital en la nueva etapa será el impulso a las obras de infraestructura (continuar con el plan de gasoductos y oleoductos) y la exploración offshore (costa afuera en el Mar Argentino).

La oposición valora el Plan Gas e impulsará obras de infraestructura
Las reformas irán por el lado de un cambio en el rol de Cammesa, que dejará de “cumplir funciones no previstas” como la compra de combustibles y el pago de subsidios. Las generadoras eléctricas tendrían, de volver Juntos por el Cambio al Gobierno en diciembre de 2023, la obligación de comprar el gas con productores privados.

Atucha III y las empresas públicas
En el sector nuclear, la principal propuesta es suspender y auditar la construcción de la central Atucha III, cuyo contrato técnico ya fue firmado con China en 2022 aunque todavía no se cerró el contrato financiero. El costo ascendería a unos 8000 millones de dólares más intereses y, dicen algunos técnicos, “no tiene precios competitivos, porque va a ser imposible recuperarlo con tarifas”.

Y en cuanto al rol del Estado, aunque no hay consenso definitivo, se deslizó la posibilidad de cerrar en el mediano plazo la empresa Energía Argentina (ex Enarsa) por su déficit, luego de que termine de construir el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK) de Vaca Muerta y el resto de las obras complementarias, como podría ser el “reversal” del Gasoducto Norte con Bolivia, si es que se llega a licitar este año.

Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) también es otra empresa pública a cerrar por su déficit operativo, apuntan.

Fuente: Cronista