El lunes 14 de julio la Secretaría de Energía publicó el precio de comercialización del biodiésel destinado a la mezcla obligatoria con el diesel de hidrocarburos y lo estableció en $ 1.302.411 por tonelada cuando el mismo debió ser de $ 1.349.000.

De este modo la industria pyme elaboradora de biodiésel destinado al mercado interno ha sido nuevamente castigada de manera arbitraria, injusta e ilegal por parte de la Secretaría de Energía, que por duodécimo mes consecutivo ha fijado precios de comercialización por debajo de los costos de producción, violando la Ley 27.640 de Biocombustibles y la Resolución 963/2023, que establece mecanismos objetivos y transparentes para la fijación del precio.

La Secretaría de Energía, como organismo regulador de la producción, distribución y comercialización de combustibles líquidos en Argentina, tiene la obligación, según la Ley 27.640, de fijar un precio de comercialización del biodiésel elaborado por pymes de Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, Entre Ríos y San Luis.

Según el artículo 14 de la Ley 27.640: “Las metodologías de cálculo de los precios de los biocombustibles para el abastecimiento de las mezclas obligatorias con combustibles fósiles que establezca la autoridad de aplicación deberán garantizar una rentabilidad determinada por la misma, considerando los costos de su elaboración, transporte y el precio para producto puesto en su planta de producción”

El biodiésel, producido a partir de la transformación del aceite de soja, es adquirido por las compañías refinadoras y mezclado en una proporción del 7,5% con el diésel proveniente de la destilación de hidrocarburos.

Este porcentaje de mezcla, fijado por ley, permite reducir la cantidad de diésel importado, disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero, agrega valor a la cadena de la soja, y genera empleo y desarrollo regional.

La Resolución 963/2023 estableció un mecanismo objetivo para la determinación del precio de comercialización con el fin de evitar que este sea fijado arbitrariamente por el funcionario de turno; quien antes podía establecer un precio excesivamente alto para beneficiar al sector, o absurdamente bajo para perjudicarlo.

Naturalmente, la implementación de una fórmula objetiva y la eliminación de la discrecionalidad fueron muy bien recibidas por la industria, que —como todas— necesita previsibilidad para funcionar.

Con el cambio de gobierno y la llegada de Javier Milei a la Presidencia, Luis Caputo al Ministerio de Economía y Eduardo Rodríguez Chirillo a la Secretaría de Energía, el Poder Ejecutivo respetó la fórmula hasta julio de 2024. Sin embargo, desde el nombramiento de María Tettamanti como nueva secretaria, y con Daniel Gonzalez como secretario coordinador de Energía y Minería, se volvió a fijar precios de manera arbitraria, sin método ni justificación, y siempre por debajo de los costos de producción.

Quiero detenerme en este punto porque considero importante que los lectores comprendan claramente cómo funciona la fórmula de fijación de precios, elaborada por profesionales de trayectoria en la Secretaría.

En ella se incorporan el costo del aceite de soja (que representa el 80 % del total), el metanol (comercializado principalmente por YPF), el costo laboral (medido por el Índice de Salarios del Sector Privado del INDEC) y el resto de los costos, principalmente la energía (según el Índice de Precios Mayoristas del INDEC). A este cálculo se le suma un 3 % de rentabilidad, lo que determina el precio de comercialización.

No obstante, pese a la transparencia de este mecanismo, la Secretaría continúa manipulando arbitrariamente los precios, poniendo en riesgo a todo el complejo pyme productor de biodiésel. Alguien desprevenido podría pensar que esta represión de precios busca contener los valores en los surtidores, pero en realidad, mientras se mantiene pisado el precio del biodiésel, se liberó el del diésel.

Así, las petroleras llevaron el precio del diésel en los surtidores a paridad de importación —o incluso superior—, a pesar de que YPF reconoce que el costo de extracción en Vaca Muerta es la mitad del valor internacional del crudo. Al mismo tiempo, pagaron por el biodiésel un precio inferior al que marca la Ley.

Por este motivo, entre julio de 2024 y abril de 2025, la industria debió otorgar una «subvención» forzosa a las petroleras por un total estimado de 67,9 millones de dólares, suma correspondiente a los ingresos que los productores dejaron de percibir.

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Fuente: Econojournal.