Es debido a que Argentina no paga el crédito. Para no frenar las obras, el Gobierno alista una partida extra. Los giros del crédito de los bancos chinos frenados desde 2018 y varios certificados de trabajos impagos por las restricciones presupuestarias, el Gobierno tiene en camino un auxilio económico de emergencia para que en medio de la campaña electoral no se paralicen por completo las obras de las represas de Santa Cruz.

Al regreso de la reunión del G20, Martín Guzmán, deberá analizar el desembolso mínimo de 20 millones de dólares por mes durante un semestre para que el consorcio constructor del grupo chino Gezhouba y la local Electroingeniería pueda encarrilar sus cuentas y retomar las obras cuando finalice la veda invernal en agosto. La construcción de las centrales hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz enfrenta una situación límite por la combinación de una serie de factores y decisiones oficiales que arrastran casi tres años de demora.

Las obras Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, se iniciaron en 2015 con el fin de que entren en servicio en los primeros meses del año pasado. Con los ingresos que iban a llegar por la venta de energía, el Gobierno tenía previsto comenzar a cancelar las cuotas del crédito de US$ 4.700 millones otorgado por los bancos chinos ICBC, CDB (China Development Bank Corporation) y el Bank of China Limited (BOC).

Tras haber asumido a fines de 2015, Mauricio Macri frenó las obras y puso en marcha una prolongada revisión del proyecto que estuvo a cargo del exministro de Energía, Juan José Aranguren. En el segundo semestre de 2017, la administración macrista y las autoridades chinas consensuaron una nueva versión del proyecto que, entre otras modificaciones salientes, incluyó la reducción de la potencia instalada, un mayor plazo para las obras reprogramadas y la incorporación de una línea de transporte en alta tensión desde Santa Cruz hasta Buenos Aires.

Tras haber acordado la reconfiguración del proyecto, Macri y Aranguren dejaron sin cerrar la actualización del “contrato de financiación” que se había firmado durante el segundo mandato de Cristina Kirchner con el Gobierno y los bancos de China.  En 2019, la tarea de adecuar el financiamiento chino quedó bajo la órbita del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, quien, pese al tiempo transcurrido, no ha logrado avanzar con ese trámite que requiere una acción conjunta con la cartera de Economía que hasta ahora no se ha registrado en los hechos.

Asi los bancos chinos dejaron de pasar dinero a fines de 2018 cuando solo llevaban entregado el 36% del crédito total de u$s 4.700 millones de dólares. De lo aportado hasta ahora, u$s 1.300 millones se usaron en el pago de obras y compra de equipos y u$s 400 millones fueron anticipos a los fabricantes chinos de turbinas. Los mismos bancos salieron en los últimos días a presionar al Gobierno con el argumento de que ya estarían en condiciones de exigir el repago de las primeras cuotas del crédito original al cumplirse el período de gracia de 66 meses que se había pactado en 2015.

La movida tuvo efecto y tanto Guzmán como Beliz se comprometieron a acelerar las gestiones para suscribir la adenda financiera pendiente y evitar de esa manera caer en default con China, lo que implicaría, por las cláusulas vigentes, la paralización de todos los créditos para obras energéticas y de infraestructura que están activos con Argentina.