Un proyecto de ley del oficialismo en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires puso en alerta a refinadoras de combustibles privadas del país y a las estaciones de servicio. La iniciativa que impulsa el legislador Facundo Tignanelli propone que toda la administración pública provincial -incluye cuerpos de policías y de bomberos, por ejemplo-, los organismos descentralizados y autárquicos y las empresas públicas le compren combustibles y lubricantes solamente a YPF para la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves oficiales.

Esto dejaría fuera del mercado a las marcas Shell, Axion y Puma Energy, quienes advirtieron que presentarán un recurso de amparo si el proyecto es aprobado. La semana pasada se postergó el tratamiento en Diputados. De ser sancionado, todavía falta que sea tratado en el Senado.

El proyecto sorprendió a las empresas refinadoras, que veían con buenos ojos las palabras del gobernador Axel Kicillof de convertir a Buenos Aires en una provincia petrolera, ya que en ese territorio se encuentran las cuatro mayores refinerías: YPF (en La Plata), Raízen (de Shell, en Dock Sud), Axion (Campana) y Trafigura (de Puma Energy, en Bahía Blanca). De hecho, la semana pasada el exministro de Economía estuvo en Avellaneda, en el anuncio de inversión de Raízen, y hace cuatro meses participó de otro acto en la refinería de Axion.

Pero las grandes petroleras no fueron las únicas en poner el grito en el cielo. Las estaciones de servicio, que son empresas pymes, también se verán afectadas por esta medida. “Este proyecto de ley atenta contra la libre competencia en la provincia de Buenos Aires. Le recuerdo a los legisladores que el resto de las estaciones que no son YPF también son pymes, también son argentinos y le dan trabajo a más de 15.000 personas. Con esta ley les quitan un gran cliente, un gran consumidor como es el estado provincial”, dijo Hernán Landgrebe, secretario de la Federación de Empresarios de Combustibles (Fecra), que reúne a socios de todas las banderas.

Los estacioneros recuerdan también que las ventas de combustible todavía están un 30% debajo de los niveles del año pasado. “Al sacarle a muchas de las estaciones un gran cliente como el estado provincial, las mandás directo al cierre”, comentaron en el sector.

Es más, remarcan que “hay un error conceptual en los legisladores provinciales”, ya que se asocia a YPF directamente con el Estado, cuando el 49% de las acciones de la empresa está en manos de fondos privados.

Entre los fundamentos del Frente de Todos provincial para diseñar el proyecto señalan que en 2012 se sancionó la ley 26.741, que declara en su artículo primero “de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos, así como la exploración, explotación industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos”.

En esa misma ley se declaró “de utilidad pública y sujeta a expropiación” el 51% del patrimonio de YPF. “Con esta ley que hoy proponemos, no solo sirve al desarrollo en materia de energía para nuestro país, sino que también la contratación entre entidades que revisten naturaleza pública importan un uso más eficiente de los recursos públicos y contribuyen a lograr el objetivo establecido por la Ley 26.741″, indica el proyecto.

“Canalizar el poder de compra del Estado hacia un ente de naturaleza pública implica también economía en los recursos y una apuesta al crecimiento de un sector estratégico para el desarrollo económico que necesitamos, en un proceso de reconstrucción de la producción, la industria y el consumo, devastados por el neoliberalismo que gobernó con Mauricio Macri presidente y María Eugenia Vida como gobernadora”, señalan.

También mencionan que en “el marco de la pandemia” resulta “indispensable un uso estratégico de los recursos provinciales”.

Y como antecedente, destacan el decreto 1189 de la expresidenta Cristina Kirchner (actual vicepresidenta), en 2012, en el cual se disponía que las jurisdicciones y entidades del sector público “deben contratar con YPF la provisión de combustibles y lubricantes para la flota de automotores, embarcaciones y aeronaves”.

“La necesidad de buscar la independencia energética y también económica del país y de la Provincia, con el fin de plasmar un desarrollo autónomo, es lo que hoy nos lleva a proponer el presente proyecto”, concluye el texto firmado por Tignanelli, presidente del bloque Frente de Todos.

El debate en el legislativo provincial promete ser duro. Rosio Antinori, diputada por Juntos por el Cambio y vicepresidente de la comisión de Energía dijo que “desde la óptica energética, no hay nada que objetar a la compra de combustible de YPF. No obstante, el proyecto desplaza el principio fundamental por el que se dispone un régimen de contrataciones que prevé la competencia de los administrados y la obligación de disponer los recursos públicos conforme a los criterios de eficacia, eficiencia y transparencia”.

“Entiendo que no debiera haber una regulación del Estado por medio de una ley ordenando qué combustible comprar, sino que los organismos debieran optar por la empresa propuesta por características que la hagan mejor que sus demás competidoras”, agregó.

Fuente: La Nación.