En los siguientes años, el país se puede quedar sin combustibles porque la producción actual está en descenso y no se tienen nuevas exploraciones hechas por empresas extranjeras. Para que se atraigan nuevas inversiones petroleras se deben modificar los altos impuestos, desburocratizar el sector, firmar tratados bilaterales, entre otros, señalan tres expertos.

“Todos hablan de la reactivación del sector, pero no conocen el problema, hay que parar con la sangría en YPFB. De no tomar las medidas de corto plazo pueden terminar dejando a Bolivia sin combustibles y YPFB será insolvente; el costo de no tener combustible líquidos será devastador para una economía que ya está en recesión; hay que desburocratizar al sector”, consideró el expresidente de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE) Carlos Delius.

El experto, que participó del webinar “Bolivia 2030 Agenda de Inversión Privada en Materia de Hidrocarburos”, evento organizado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), considera que el próximo gobierno recibirá un sector plagado de problemas propios, coyunturales y estructurales, para el cual se debe pensar en una solución que debe salir desde la sociedad, ya que el problema de este sector es el problema de este país.

Sobre la ausencia de la inversión extranjera, dijo que uno de los problemas en el sector y del que no se habla mucho es el precio del gas natural para el mercado interno, para el cual se usa un cálculo de 1,50 dólares el millar de BTU, que comparado con los cuatro dólares que se cobra a Brasil se genera una subvención de 460 millones de dólares.

Para Delius, otro de los grandes problemas es cómo abastecer al mercado interno de combustibles líquidos, en la medida que tenemos menor producción de gas natural, por lo menos de aquí a cinco años se reducirá mientras que la demanda se incrementará.

“El principal desafío de YPFB es resolver el problema de la subvención de los líquidos, si además se asocia a la del gas natural, con los precios calculados anteriormente tenemos una carga muy pesada, una mochila de 1.200 millones de dólares por año. YPFB no puede salir a hacer exploraciones, tiene que traer inversión extranjera, pero, ¿por qué no se lo ha podido traer?”, preguntó.

Por ejemplo, comparó la renta que se cobra a las petroleras en Argentina, las cuales una vez canceladas regalías y ganancias obtienen el 31% en utilidades y no el 5% como se da en Bolivia. Además, Vaca Muerta tiene un potencial de 800 trillones de pies cúbicos (TCF) de recursos y el riesgo geológico es prácticamente 0, mientras que en Bolivia tiene un bajo índice de éxito.

En ese entendido mencionó que tras iniciarse un periodo estatista desde el referendo de 2004 sobre los hidrocarburos, la Ley 3058 de Hidrocarburos de 2005 y la Constitución Política de 2009, las empresas petroleras que llegaron a Bolivia explotaron aquello que se exploró bajo otras condiciones y se quedaron bajo la premisa de que era un costo invertido y que la única manera de recuperarlo era monetizando aquellas reservas que ya tenían.

“Bolivia tiene que decidir ¿qué es lo que quiere hacer para reponer reservas?, tiene que decidir si requiere un sector moderno con reglas claras y regulador independiente, mayor libertad económica (..)”, concluyó Delius.

El exministro de Hidrocarburos Mauricio Medinacelli mencionó que en el país se han apostado por las estrategias y planes en hidrocarburos, en los que se mencionaba que se iban a producir hasta 73 millones de metros cúbicos día (MMmcd) durante este año, pero no pasa de los 50 MMmcd.

“Está claro que solo con planificación no vamos a salir adelante. Los problemas técnicos se solucionan en la medida en que se solucionen los problemas institucionales, y éstos se resuelven con que la influencia político partidaria se elimine del sector de hidrocarburos. El próximo gobierno debe hacer tres cosas, que no les gusta a los políticos: quitar subsidios, bajar impuestos a las petroleras y abrir las puertas a la inversión privada”, sugirió.

El abogado, experto en derecho corporativo, Iver Von Borries mencionó que desde el referendo de 2004, en el que se establece un government take (impuesto) alto; la Ley de Hidrocarburos 3058, que define los tipos de contratos y la Constitución de 2009, desde el ámbito jurídico son una de las muchas trabas que hay en Bolivia.

Fuente: FM Bolivia.