El gobierno argentino debe más de $3.500.000.000 a las empresas de fracturación de gas licuado.

La Cámara Argentina de Empresas de Gas Licuado (CEGLA) interpuso un recurso administrativo ante el Ministro de Economía para recuperar los fondos que la industria adeuda al gobierno desde hace más de seis meses y que están realizando la fracturación del gas en garrafas, que abastece 20 millones de argentinos, insostenible.

El gobierno decidió subsidiar a los consumidores a través del Programa Hogar mientras compensaba a los fraccionadores y al resto de la cadena industrial con una Asistencia Económica Transitoria (AET), establecida por la Resolución N° 164, para asegurar que los hogares de bajos recursos (aquellos que residen en zonas sin redes de distribución de gas o que no estén conectados a ella) pueden acceder a precios diferenciales de gas.

Pero, este último lleva tiempo sin completarse, y hay empresas que no reconocerán estos fondos hasta abril de 2022.

No obstante los incrementos recientes en los Precios Máximos de Referencia, la industria aún presenta pérdidas operacionales por barril estimadas entre $156,4 y $161,4 a nivel nacional, dependiendo de la región de distribución.

Por ejemplo, las pérdidas asociadas a la venta de garrafas en Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza y Santa Fe (ZONA I) alcanzan los $104,3 por unidad, mientras que la diferencia entre el precio máximo de venta y el costo de producción es aún mayor en las regiones NEA y NOA de la Zona II, donde las pérdidas superan la duplicación y alcanzan los $234,6 por garrafa, principalmente por (ZONA III).

El costo total de producción estimado sería de $883,6 si se tiene en cuenta el valor del gas licuado, los impuestos, los costos de mano de obra, los costos de mantenimiento, los costos de rehabilitación de las embarcaciones, los costos de enlatado y los costos de transporte primario. En contraste, el precio de referencia de la Secretaría de Energía para la venta es de $606 y $121,2 de AET, el cual no se está cumpliendo, pero aún resulta en una pérdida estimada de $15.

Por ello, el cártel que controla 17 pymes (que representan el 70% del mercado nacional), emplea a 9.000 personas y distribuye butano GLP a 18 millones de consumidores, anticipándose a un inminente colapso de la cadena de suministro, principalmente en las regiones más remotas del país, presentó una nueva denuncia administrativa ante el Ministro de Economía.