El martes, mientras su país volvía a encerrarse a regañadientes por el severo rebrote europeo de Covid-19, la canciller Angela Merkel recibió una carta firmada de puño y letra por Alberto Fernández.

El Presidente le hacía saber la “considerada relevancia” que le asigna a Chihuido, una represa en Neuquén presupuestada en U$S 2.200 millones, de los cuales la agencia estatal de fomento Euler Hermes ofrece financiar U$S 1.850 millones si las turbinas las provee la alemana Voith Hydro. Es un viejo proyecto que movilizaría 3 mil empleos directos y 7 mil indirectos; un anillo al dedo para una economía frágil y una campaña electoral todavía sin mucho argumento.

La carta había sido un pedido expreso de los contratistas locales asociados a esa fábrica de generadores, Eduardo Eurnekian (Helport) y Hugo Dragonetti (Panedile), que ya se adjudicaron la obra junto a Juan Chediack y Gustavo Weiss (Eleprint). Los alemanes empezaban a impacientarse. En febrero, en su último viaje antes de la cuarentena, Fernández había reflotado con Merkel el proyecto y comprometido su apoyo. A ella le interesa especialmente que sus compañías pongan un pie en Latinoamérica para disputarles el mercado a competidores chinos y rusos. Pero después la licitación se empantanó.

Voith ya se llevó un chasco en julio de 2018, cuando tres de sus principales ejecutivos aterrizaron en Buenos Aires para entrevistarse con Mauricio Macri pero se encontraron al llegar con que los recibiría Marcos Peña. Todo empeoró cuando llegaron a la Casa Rosada y tampoco los atendió el jefe de Gabinete sino uno de sus laderos, Gustavo Lopetegui. Sin mucho preámbulo, Lopetegui les hizo saber que habían viajado en vano: el Estado ya no podía poner el 15% de la inversión que había comprometido antes por el ajuste que exigía el Fondo Monetario.

Son sobresaltos que a un extranjero le resultan difíciles de decodificar y de procesar. Y que explican por qué solo inversores argentinos se animen a comprar empresas locales aun cuando muchas están en venta y a precio de remate. Como en 2002 pero al revés. Hizo punta Francisco de Narváez con los locales de Walmart pero también hay ofertas locales por grandes compañías de servicios públicos como Naturgy y Telefónica, y otras menos conocidas como Baker&Hughes, inserta en el corazón de Vaca Muerta.

La que concentra todas las miradas sobre el final de un año desolador para el mundo corporativo es la posible venta de Edenor, hoy controlada por Marcelo Mindlin, por la cual puja un consorcio integrado por José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti. El exministro menemista y su socio histórico ya tienen Andes Energía, la distribuidora provincial, y creen que los activos argentinos están “sobredescontados”. La acción de Edenor, de hecho, vale en dólares exactamente la mitad que un año atrás. “Ni soñamos con aumentos tarifarios como los del macrismo. Esto es negocio incluso con subas moderadas y tarifa social”, contó a BAE Negocios uno de los interesados.

Filiberti mantiene perfil bajo pero es vecino de Mindlin, dueño de una constructora y también de Transclor, la única fábrica de cloro del país. Decidió sumarse a la oferta por Edenor tras haber pugnado con Vila y Manzano por otros activos y haberles terminado por subir demasiado el precio. A la pregunta de por qué vende Mindlin, también argentino y acostumbrado a hacer negocios con los bruscos vaivenes del país, cerca suyo responden que quiere concentrarse en el segmento de generación.

Medios y fines
Lo que todos desmienten es que la potencial compraventa de Edenor tenga como contrapartida movimiento alguno en el multimedios América, donde algunos especularon con el desembarco de Mindlin mediante un cruce de acciones y, otros, con un empujón oficial para que aterrice un empresario amigo. El interés es lógico a las puertas de un año electoral, cuando los medios de comunicación suelen valorizarse más que las eléctricas después de una suba de tarifas. En situaciones así, dineros inesperados de los orígenes más diversos obran milagros como los sueldos que cobrarán las estrellas que acaba de reclutar LaNación+, la señal de noticias de un diario que da pérdidas.

Pero así como los medios son codiciados en años electorales, las eléctricas lo son solamente cuando las tarifas no corren demasiado de atrás a la inflación. Y el decreto que firmó anteayer Alberto Fernández para establecer el nuevo sendero de actualización tarifaria obliga a Martín Guzmán a esperar al menos hasta marzo para fijar los primeros aumentos, algo que él preferiría hacer antes para evitar sobrecargar la cuenta de subsidios. Aunque el mercado lo interpretó como una nueva imposición de la vicepresidenta Cristina Kirchner, lo que primó fue la inviabilidad de subir tarifas en plena temporada de cortes de luz, que en el Gobierno temen ver multiplicarse por la cantidad de gente que se mantendrá concentrada en el Gran Buenos Aires sin salir de vacaciones. A esos cortes podrían agregarse también otros de agua, por la proliferación de cianobacterias como consecuencia de los incendios intencionales de campos. Ya lo advirtieron a la Rosada desde AySA y desde Aguas Bonaerenses, que ya debió interrumpir la provisión.

Con el desembarco de Manzano en Edenor colabora el exviceministro de Economía y ahora consultor Emmanuel Álvarez Agis. Entre los clientes de su consultora PxQ brilla Rogelio Pagano, actual zar de la energía bonaerense, antiguo CFO de la eléctrica y CEO del grupo Dolphin, la plataforma financiera desde de la cual Mindlin multiplicó los primeros millones que hizo de la mano de George Soros y Eduardo Elsztain. Junto con Augusto Costa, Nicolás Arceo y Mariana Matranga, Álvarez Agis fue el encargado de desarmar durante el último gobierno de Cristina la bomba de subsidios millonarios en dólares que había ido construyendo Julio De Vido con su congelamiento tarifario de más de una década.

De Vido todavía sangra por esa herida. Días atrás, en una entrevista por zoom con el periodista platense Matías Lojo desde su exclusiva prisión domiciliaria, dijo que Axel Kicillof que “es un invento de Cristina y de Recalde chico” y que el hoy gobernador “dolarizó el precio del gas en boca de pozo y nos llevó a una devaluación en 2014”.

Costa, ayer en Radio Con Vos, reivindicó aquella gestión post-devidista con una advertencia en tono suave pero firme: “Si las tarifas no tienen un sendero razonable de actualización van a generar un problema”. Es lo que también dice puertas adentro Guzmán, que tenía presupuestados incrementos antes de marzo. Lo curioso es que Federico Bernal, antiguo pupilo del exministro de Planificación, es el actual interventor del ENARGAS, que llevará las riendas de la renegociación tarifaria.

¿Sabría Mindlin que Alberto aplazaría los aumentos de tarifas hasta marzo antes de poner en venta Edenor? ¿Llegará a tiempo Manzano para estructurar la oferta financiera y quedarse con la compañía, fiel a su tradición, sin arriesgar patrimonio propio? Son preguntas que todavía flotan. Lo que sí hay en el decreto -más allá del devidismo o del axelismo- es algo de nestorismo: el plazo que establece para la revisión integral de las tarifas es de dos años. El mismo tiempo que Néstor Kirchner le decía que le insumiría regularizarlas a Horacio Rosati, por entonces su procurador del Tesoro y hoy blanco de las críticas de su esposa. El abogado les planteaba ese plazo a las multinacionales que iniciaban juicios en el CIADI contra el país por el congelamiento. Obviamente no se cumplió.

Extorsiones
El problema para Guzmán sería tener que volver a pedirle pesos al Banco Central. Desde que anunció que no lo haría más, en octubre, recibió otros 400 mil millones. La emisión a la que debió apelar Miguel Pesce para financiar el paquete anticrisis, modesto frente a otros de la región, fue de tal envergadura que asustó hasta al directorio heterodoxo que se reúne cada jueves en la calle Reconquista. “Mirá que acá somos todos estructuralistas, pero esto es mucho en serio”, dijo uno de esos directores allá por abril, cuando empezaba a atisbarse que haría falta imprimir cerca de dos billones.

Ahora llegó la hora de aspirar esos pesos. Pero encima de esa tarea se montó la huelga aceitera que hoy entra en su décimo día y que en el Gobierno empiezan a ver como una posible conspiración de las multinacionales agroexportadoras para empujar la devaluación que buscan evitar. ¿Por qué tan firme negativa a otorgar un aumento en pesos si cada día les cuesta a las empresas una facturación de 100 millones de dólares? El antecedente inmediato es la huelga de 25 días que empujó la misma cámara (CIARA) en 2015, el último año de Cristina.

La fallida Vicentin no ayuda a aventar esos fantasmas. Su directorio contrató a Diego Guelar como lobista y también orbita cerca suyo Javier Sánchez Caballero. Es decir, macrismo político y corporativo. En Santa Fe consiguió cerrar la grieta, porque tanto peronistas como socialistas consideran que sus accionistas mantienen escondidos los 300 millones de dólares que les prestó el Banco Nación a días de dejar Macri el poder. Es mucha plata, que con una devaluación sería más.
Fuente: Bae Negocios.