El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su política de desregulación económica con la publicación de la Resolución 717/2025 del Ministerio de Economía, mediante la cual se derogó una norma clave que regía para las estaciones de servicio desde fines de 2016.

Se trata de la resolución que obligaba a los titulares de bocas de expendio a informar cualquier cambio en los precios minoristas de los combustibles líquidos y del gas natural comprimido dentro de las ocho horas de realizada la modificación en el surtidor.

Esta decisión, que se enmarca en los lineamientos del Decreto 70/2023 y en el nuevo paradigma económico promovido por la administración nacional, implica un giro relevante en la relación entre el Estado y el sector energético.

Según argumenta la resolución firmada por el ministro de Economía, la obligatoriedad de reportar precios a un sistema centralizado se interpreta hoy como una forma de intervención estatal que limita la autonomía comercial de los operadores del mercado, especialmente de las estaciones de servicio más pequeñas.

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Fuente: Republica de Corrientes