El multimillonario creador de Tesla, la fabricante de autos eléctricos que necesita el “oro blanco” para sus baterías, relativizó con un tuit los temores de sectores empresariales chilenos ante la nueva política anunciada por el presidente Gabriel Boric, que propone una colaboración entre la explotación privada y la pública, pero en la que el control final siempre queda en manos del Estado. El empresario destacó que lo importante es la capacidad de refinación.

Probablemente no haya nadie más interesado en el futuro del litio, el “oro blanco” cuyas reservas se concentran en Argentina, Bolivia y Chile, que Elon Musk. El millonario, que oscila entre el primero y segundo lugar de la clasificación del más rico del mundo, es el propietario de Tesla, la principal productora de autos eléctricos, que necesitan de las baterías construidas con ese recurso.

El litio es esencial para la fabricación de baterías de almacenamiento de energía, de autos y buses eléctricos. Su demanda creció con fuerza en los últimos años en momentos en que el mundo busca alejarse de los combustibles fósiles para frenar el calentamiento global.

Musk comentó en “su” red social Twitter en forma indirecta la decisión del gobierno chileno de Gabriel Boric de crear una nueva estructura legal para la explotación del litio, que propone una colaboración entre la explotación privada y la pública, pero en la que el control final siempre queda en manos del Estado. Desde 1977 la legislación chilena reserva para el Estado la extracción de litio, metal que es considerado de carácter estratégico. En definitiva, una situación similar a la que sucede con el cobre, mineral en el que Chile es el mayor proveedor mundial.

El año pasado las exportaciones chilenas de carbonato de litio crecieron más de seis veces, pasando de 1.233 millones de dólares en 2021 a 8.930 millones de dólares el año pasado, según datos del Banco Central.

Musk comentó una publicación de la empresa de servicios financieros Unusual Whales que, tras el anuncio del presidente Boric, tuitéo: “Chile nacionalizará la industria del litio del país, el segundo mayor productor mundial del metal esencial en las baterías de vehículos eléctricos, para impulsar su economía y proteger su medio ambiente”.

“El litio es muy común en toda la Tierra. Lo que importa es la capacidad de refinación”, fue la seca respuesta del propietario de Twitter, que no permite pensar que esté particularmente preocupado por el nuevo escenario legal para la producción del metal en Chile.

Reacciones. El anuncio hecho el jueves por la noche por Boric sacudió a los mercados chilenos, que el viernes vieron caer casi un 15% las acciones, más de tres mil millones de dólares, de la principal productora del mineral en en el país, SQM, vinculada al exyerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, que explota un yacimiento en el Salar de Atacama, junto a la estadounidense Albemarle.

“Como SQM esperamos ser parte de este dialogo y conversación que ahora se inicia”, dijo la empresa en un comunicado, mientras que Albemarle afirmó: “No esperamos ningún impacto material, ya que el Gobierno chileno ha dejado claro que respetará plenamente los contratos existentes”, que en su caso vence en 2043.

El anuncio de Boric complica más a SQM, cuyo contrato para explotar la operación en sdalar del desierto del norte e Chile expira en 2030.

En virtud del nuevo modelo de desarrollo de litio, SQM podría continuar operando durante siete años más y luego correr el riesgo de perder el contrato, o bien, podría entregar antes una participación mayoritaria al Gobierno con la esperanza de que le permita explotar las reservas después de 2030. Chile tendrá dos cambios de Gobierno antes de esa fecha, lo que podría implicar una nueva política de litio.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, aportó tranquilidad. “Las empresas actuales tienen sus contratos vigentes y no serán forzadas a negociar con el Estado. Una negociación implica voluntariedad, sobre la base de beneficios para ambas partes”, aseguró.

También las centrales empresariales hicieron llegan su preocupación. “Esperábamos que hubiera una gran participación privada. Lo que planteó el presidente es que es el Estado el que va a controlar cualquier empresa que se cree para la explotación del litio”, dijo Ricardo Mewes, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio.

“Esperamos que el gobierno rectifique esta política para restablecer la confianza del sector privado, por el bien de Chile y su gente”, dijo de su lado, Richard von Appen, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa).

Conciente de los temores, el presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió un diálogo para abordar su estrategia de explotación del litio. “Muchos de ustedes pueden tener legítimas dudas. Estamos convocando a un proceso de diálogo y participación para recoger las visiones y saberes en torno a la nueva gobernanza del litio”, dijo el viernes en un acto oficial.

El analista político chileno Gabriel Gaspar explicó a PERFIL que la iniciativa del gobierno de Boric va más allá de una “nacionalización indirecta”, como sostienen algunos críticos. “La política va a buscar no solo exportar la materia prima, sino que además también ir progresivamente agregándole valor al material. La empresa chilena que haría de contraparte a los capitales privados que se interesan sería la Corporación Chilena del Cobre, que es Codelco, que es la que maneja la gran minería del cobre de Chile. Este anuncio era largamente esperado y se une a unos esfuerzos similares que se desarrollan en otros países de América Latina como Bolivia y Argentina, entre los cuales, entre los tres, conforman una buena parte de las reservas de litio a escala mundial.

En abril del año pasado, los países del “triángulo del litio”, junto a México y representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) celebraron, de manera virtual, el Foro Internacional Perspectivas del Litio desde América Latina, organizado por el Ministerio de Hidrocarburos y Energías de Bolivia. La CEPAL prevé que la demanda del mineral crecerá un 30% hasta 2030.
Fuente: Perfil