El cuerpo comenzó a debatir este martes en comisión el proyecto de ley que busca ratificar el acuerdo de prórroga de concesión entre el Gobierno provincial y las empresas TECPETROL S.A. e YPF S.A. por el área hidrocarburífera Agua Salada.

La Legislatura de Río Negro comenzó a debatir este martes en comisión el proyecto de ley que busca ratificar el acuerdo de prórroga de concesión entre el Gobierno provincial y las empresas TECPETROL S.A. e YPF S.A.. por el área hidrocarburífera “Agua Salada”.

La iniciativa tuvo dictamen favorable, aunque algunos bloques se tomaron 48 horas para definir su posición.

Las deliberaciones en la reunión plenaria se centraron en varios aspectos del convenio, que fueron explicados por funcionarios del Ejecutivo como la secretaria de Hidrocarburos, Mariela Moya; el secretario de Asuntos Estratégicos en Planificación, Milton Dumrauf; la secretaria de Ambiente y Cambio Climático, Judith Jiménez; el Fiscal de Estado, Gastón Pérez Esteban; y la secretaria de Trabajo, María Martha Avilez.

Agua Salada tiene una extensión de 650 km² y se caracteriza por producir petróleo y-mayormente- gas. Se trata de la segunda concesión de explotación más importante de la Provincia, aportando el 18% de la producción total de gas, con 44 pozos activos. La explotación data del año 1971 y TECPETROL S.A. actúa como operadora con un 70% de participación.

El acuerdo de prórroga tiene como objetivo asegurar una inversión permanente y sostenida, avanzar en el desarrollo sustentable del sector, poner en valor los recursos, ampliar el horizonte productivo, incrementar las reservas y revertir la declinación actual de la producción para aumentar los ingresos provinciales. También busca garantizar el buen uso y protección de las instalaciones, promover la extracción racional, mejorar la eficiencia energética y reducir emisiones, así como fomentar el desarrollo de la mano de obra local y fortalecer las pymes provinciales.

Durante la presentación del proyecto, Moya detalló que el plan de inversiones acordado asciende a 22.5 millones de dólares, concentrados en los primeros 3 años, e incluye cuatro perforaciones y 11 intervenciones. Las condiciones económicas contemplan el mantenimiento de las regalías al 12% y un aporte complementario de producción del 3% sobre el gas y petróleo extraído.

Se suma un bono de prórroga de 1.250.000 dólares y un aporte adicional del 20%, sumando 250.000 dólares. Otros compromisos replicados de acuerdos anteriores incluyen un aporte anual para capacitación (entre $25.000 y $50.000), un plan de remediación de pasivos ambientales de $500 (según lo presentado), el compromiso con la integridad de las instalaciones, el relevamiento de pozos inactivos, y compromisos de mano de obra local y pasantías.

La legisladora Magdalena Odarda expresó una “preocupación” recurrente respecto a la cuestión ambiental. Interrogó sobre el monto asignado para remediación ambiental, calificándolo de “una suma absolutamente irrisoria”.

Moya y Jiménez aclararon que ese monto corresponde al monitoreo de tres pasivos ambientales ya cerrados, no para nueva remediación, ya que la mayoría de los 36 pasivos identificados inicialmente en el área ya fueron remediados a lo largo de los años, quedando pendiente solo uno asociado a una planta aún en funcionamiento.

La legisladora también cuestionó la falta de una audiencia pública reciente y la participación ciudadana en el control de la remediación, señalando que la última convocatoria a la población fue hace 11 años. Se le respondió que el control se lleva a cabo mediante expedientes para cada pasivo, con documentación, muestreos de verificación y cierre por resolución, y que “pueden pedir los expedientes. Están a disposición”.

Otro punto que cuestionó la legisladora Odarda fue la cantidad de personal en la Secretaría de Ambiente para realizar inspecciones en toda la Provincia, mencionando que hay aproximadamente 70 trabajadores.

Al respecto, se argumentó que se ejecutan tareas en conjunto con otras áreas como la Secretaría de Hidrocarburos y el DPA, que también tienen inspectores, y que “entre todos tomamos un plantel que creemos que, a los resultados, nos dan la razón que estamos funcionando bien. Si no hay denuncia, no hay queja de superficiario, de trabajadores y el estado semanalmente en su recorrida no lo ve, la cuestión está funcionando”.

También se preguntó sobre el funcionamiento de la comisión de seguimiento de los acuerdos. Moya explicó que estas comisiones, que se aplican a “cada proyecto específico”, se convocan una vez que los acuerdos entran en vigencia.

Detalló que, para evitar realizar comisiones individuales por cada contrato, se convocará una única comisión de seguimiento que englobará todas las concesiones prorrogadas una vez que se realicen las comisiones de enlace técnico (dentro de los 180 días de vigencia de cada acuerdo).

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Fuente: La Tecla Patagonia