La actual administración se verá enfrentada a la ardua tarea de alinear las políticas públicas, legislación y prácticas administrativas, a los estándares de los países más desarrollados. Entre otras, la transparencia y eficiencia en la gestión de las contrataciones públicas.

Hace unos meses, los periódicos destacaron la visita al país de Mathias Cormann secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que integran 38 países, a la que pretende ingresar la República Argentina.

Esto con la finalidad de lograr un status como integrante de la organización que permita recuperar la credibilidad del país frente inversores internos y externos, y atraer capitales privados dispuestos a aplicarse en la infraestructura pública y otros emprendimientos de imperiosa necesidad, en orden a lograr el desarrollo económico y la prosperidad tan postergada.

No es fácil tal cometido puesto que la actual administración se verá enfrentada a la ardua tarea de alinear las políticas públicas, legislación y prácticas administrativas, a los estándares de los países más desarrollados. Entre otras, la transparencia y eficiencia en la gestión de las contrataciones públicas. Sector éste de mayor exposición a los riesgos del fraude y la corrupción.

El alineamiento en la gestión de las contrataciones administrativas bajo los principios de la buena gobernanza significa, en lo esencial, dotar a éstas de las garantías de publicidad y difusión en los procesos selectivos de oferentes, el control social de éstos y el ejercicio a la legítima defensa de los interesados en contratar y oferentes, sin obstáculos ilícitos.

La OCDE concluyó que en la Argentina los medios o instrumentos a disposición de los oferentes para impugnar los actos viciados en los procesos licitatorios “…son onerosos y a menudo no exitosos, ya que las autoridades pueden ser reacias a cambiar sus propias decisiones”. Recomendando, a su vez, la gratuidad del sistema impugnatorio o recursivo (salvo los costos legales).

Vale recordar a título de ejemplo, la fraudulenta licitación para la provisión del sistema informático del Banco de la Nación Argentina –“Proyecto Informático Centenario”- en el que fueron condenados por cohecho directores de esta institución bancaria.

En esta licitación se previó en el pliego de condiciones la obligación del oferente de constituir una garantía para interponer impugnaciones al acto de adjudicación, equivalente a USD 3.500.000. Esta garantía fue calificada por la Fiscalía actuante en la causa penal que investigó los actos de corrupción ocurridos en aquella licitación, como un mecanismo draconiano para desalentar impugnaciones y como un medio de asegurarse la entidad licitante –el BNA- que, una vez consumada la adjudicación en beneficio de quien pretéritamente había sido señalado como el ganador, se impidiera todo cuestionamiento a este acto.

Es obvio que esta abusiva exigencia que se impone habitualmente en los pliegos de licitación desalienta la concurrencia competitiva de operadores económicos que no estarían dispuestos a concurrir y presentar ofertas, bajo condicionamientos draconianos que atentan contra la seguridad jurídica, la transparencia y eficiencia del proceso selectivo.

Además, el mantenimiento de la exigencia de esta garantía se contrapone con la recomendación del Consejo de la OCDE de facilitar la articulación de quejas de un modo equitativo, ágil, transparente y eficaz para la impugnación de resoluciones dirigidas a la corrección de defectos, a impedir conductas ilícitas y a generar confianza entre los licitadores, incluidos los competidores extranjeros, de modo de resguardar la integridad y ecuanimidad del sistema contractual público.

En estos días el Gobierno anunció la convocatoria del llamado a licitación con el objeto de seleccionar a la empresa que se hará cargo de la modernización, ampliación, operación, mantenimiento, dragado y re dragado de la Vía Navegable troncal, denominada HIDROVIA.

A contramano de los principios fundamentales del procedimiento administrativo de legalidad, ,razonabilidad, transparencia, gratuidad y de la tutela administrativa efectiva consagrados en la ley de bases y de las recomendaciones de la OCDE y, con agravio al derecho constitucional de los eventuales oferentes, en el pliego de la licitación de la concesión de la HIDROVÍA, se ha previsto una garantía de impugnación que asciende a UD 10.000.000 que, obligatoriamente deberá constituir quien pretenda impugnar los actos administrativos que se emitan durante el proceso selectivo (precalificación de oferentes, pre adjudicación y adjudicación de la concesión, en su caso).

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Fuente: Clarín