El proyecto de ley pretende impedir que los inversores de los “fondos buitre” obtengan grandes indemnizaciones a través de los tribunales del Estado.

Los legisladores neoyorquinos están poniendo en marcha una nueva iniciativa para limitar los litigios de los “fondos buitre” contra los gobiernos que no pagan sus deudas, y recortar la cantidad que los inversores pueden recuperar a través de los tribunales por los bonos de mercados emergentes defaulteados.

Un proyecto de ley presentado el lunes en Albany trataría de impedir que determinados inversores compren bonos soberanos defaulteados a bajo precio y luego obtengan elevados pagos a través de los tribunales.

“Cambiando la ley, Nueva York puede cambiar las reglas de juego de estos fondos de alto riesgo”, afirmaron en un comunicado Liz Krueger, senadora por el estado de Nueva York, y Jessica González-Rojas, miembro de la Asamblea.

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Aproximadamente la mitad de los bonos emitidos por gobiernos de mercados emergentes se emiten al amparo de la legislación del estado de Nueva York. Entre estos prestatarios se encuentran gobiernos latinoamericanos como el de Argentina, un defaulteador serial, así como Mongolia y Sri Lanka.

El proyecto de ley es el último de una serie de esfuerzos por reescribir la legislación neoyorquina que regula la deuda soberana. El año pasado se propusieron tres proyectos de ley que finalmente no se votaron, y un intento de revivir dos de ellos en marzo se encontró con las furiosas objeciones de los inversores de Wall Street, que dijeron que la legislación propuesta tendría un efecto paralizador en los mercados.

Los inversores saludaron el proyecto de ley del lunes como un enfoque más aceptable y específico para limitar a los inversores ‘holdout’ que rechazan las conversaciones de reestructuración, a diferencia del proyecto de ley de marzo, que proponía cambios radicales en la reestructuración de la deuda.

La nueva iniciativa se inspira en parte en la larga batalla de Argentina en los tribunales de Nueva York contra Elliott Management, de Paul Singer, que derivó en un cuantioso pago para el hedge fund muchos años después del default del país en 2001.

El nuevo proyecto de ley permitiría expresamente a los tribunales examinar el historial y el comportamiento de los acreedores que han comprado créditos para demandar, restableciendo plenamente una doctrina jurídica conocida como “champerty” que tradicionalmente frenaba las demandas frívolas.

El proyecto de ley también reduciría las tasas de penalización aplicadas a los pagos de bonos soberanos post-default desde el 9%, que han provocado enormes desembolsos en el pasado, a la tasa vigente en las letras del Tesoro de Estados Unidos a un año. Actualmente se sitúa en torno al 5%.

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En abril, Jay Shambaugh, subsecretario del Tesoro para Asuntos Internacionales, respaldó este cambio como parte de lo que denominó “actualizaciones limitadas y selectivas que eviten las disrupciones del mercado”.

Otros legisladores han presentado un proyecto de “ley de estabilidad de la deuda soberana” que autorizaría la creación de un observador independiente para supervisar las conversaciones de reestructuración. Wall Street ha respondido airadamente a esta propuesta por considerarla inviable.

Sus partidarios -y los inversores- afirman que el proyecto de ley de champerty tiene muchas más posibilidades de ser aprobado porque pretende distinguir entre los holdouts y los acreedores tradicionales que participan en las negociaciones de reestructuración.

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“Hemos llevado a cabo una serie de consultas con el sector oficial y la comunidad inversora; esto va dirigido a los holdouts profesionales y no a los inversores convencionales”, dijo Alicé Nascimento, directora de campañas de New York Communities for Change, que respalda el nuevo proyecto de ley.

Los inversores institucionales afirmaron que la novedad más prometedora del nuevo proyecto de ley es una línea del borrador que dice que “no pretende aplicarse a los inversores convencionales y generalmente cooperativos que ocasionalmente pueden optar por demandar”.

El proyecto revisado “adopta un enfoque elegante y preciso, combinando una disposición sobre champerty de alcance limitado con una reducción de los intereses a la tasa legal federal. El mercado en general no debería verse afectado, mientras que aumentaría sustancialmente el riesgo de hacer negocio demandando a soberanos”, dijo Gregory Makoff, autor de Default: The Landmark Court Battle over Argentina’s $100 Billion Debt Restructuring.

Fuente: El Cronista