Desde la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles, entidad que agrupa a la totalidad de las empresas productoras de biodiesel de Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, rechazan cualquier intento de modificar la Ley 27.640 de Biocombustibles para regular la industria en favor de las grandes aceiteras concentradas en Santa Fe.

Primeramente señalan, que la ley 27.640 de Biocombustibles está vigente y establece un marco normativo de promoción para el sector con vencimiento en 2030. Este régimen, continuador con modificaciones de la primera Ley de Biocombustibles número 26.093, fue determinante para la realización de inversiones conforme las prioridades de emplazamiento y tamaño que el propio Estado definió.

Introducir cambios de la magnitud de los planteados en el proyecto original o en otros alternativos que aparecieron durante el tratamiento legislativo, implica una variación de las reglas de juego que vulneran la seguridad jurídica que tanto se pregona y pretenden que se institucionalice en Argentina .

Acaso, ¿no es el propio proyecto del Poder Ejecutivo el que prevé un régimen de incentivos para grandes inversiones con beneficios y protección de derechos adquiridos en el tiempo? Apoyamos este tipo de iniciativas, pero a la vez se preguntan, sin respuesta clara por qué estos instrumentos son aptos para nuevos proyectos y, a la par, hay que destruir uno que está vigente con plazo determinado y genera actividad y empleo en el interior. ¿Por qué estos supuestos regímenes de beneficios sirven para proyectos futuros y no para mantener los vigentes por tiempo determinado?

Desde CEPREB observan con preocupación que tras la vuelta a comisión de la “Ley Ómnibus” otros actores del sector elaborador de biocombustibles, que oportunamente plantearon su negocio por fuera del régimen vigente y con destino al mercado externo, ahora se comportan como paladines de la desregulación cuando lo que quieren es regular a su favor. Es decir, propugnan la libre competencia pero eligiendo contra quienes competir.

Con el régimen vigente las Pymes que invirtieron en base a él, no pueden entrar en un sistema de libre competencia como se pretende. No pueden hacerlo contra las compañías integradas que tienen una escala hasta 10 veces más grande y su capacidad instalada triplica las necesidades del mercado local; además de ser los productores de la materia prima que estas Pymes requieren. Tampoco contra compañías no integradas o de menor tamaño radicadas en el cinturón del Gran Rosario, por la desventaja que implica su emplazamiento lejos del puerto, tal como se pretendía con un dictamen alternativo atribuible a la Provincia de Santa Fe.

Instan, entonces tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo a analizar el tema para revisar posturas. Nadie podrá demostrar que cambios como los propuestos incrementarán la actividad vía nuevas inversiones en el sector. De hecho la industria del biodiesel tiene una capacidad instalada que triplica el consumo local. Solo generarán un cambio de reparto en favor de quienes plantearon inversiones destinos de exportación, en perjuicio de localidades y pueblos del interior que hoy tienen en las Pymes productoras de biocombustibles actividad y empleo que no pueden reemplazar de un día para otro.

Finalmente desde la entidad insisten en que no se oponen a rediscutir aspectos que se puedan mejorar el régimen en la medida que ello no implique su punto final seis años antes de lo legislativamente previsto. Menos aún a maquillar una desregulación, cuando lo que se pretende es cambiar el destinatario de la regulación en favor de actores que planificaron sus inversiones con otro objetivo de negocio o, en algún caso, generar privilegios solo por ubicación geográfica. El juego limpio implica respetar a cada uno de los actores del negocio el marco de referencia con el que plantearon sus inversiones.