La actual etapa de elegir la mejor propuesta, que se haga cargo de la mina que dejó Vale hace diez años, es el inicio de un camino de largo plazo. Después viene la firma de contratos, la evaluación de lo existente y la planificación con precisión, con una inversión de U$S1000 millones.

La novedad de la existencia de tres ofertas vinculantes para explotar la mina de potasio en Malargüe ilusiona al Gobierno y también al sector empresario. Pasaron cuatro años desde el traspaso de los activos de Vale a la provincia de Mendoza, bajo la modalidad de una empresa estatal denominada PRC.

Es probable que sobre el último trimestre del año se anuncie cuál será la firma internacional que se hará cargo del proyecto. Una vez que se elija al ganador, habrá un tiempo más destinado a firma de contratos, verificación de seguros y chequeo de garantías; entre otros asuntos legales.

Una vez adjudicada, el recorrido para comenzar a construir la mina no será corto y se estima que pueden pasar tres años para que comience a producir. Aunque desde el inicio habrá inyección de capitales, hay cuestiones de infraestructura que deben resolverse primero. Se trata de la puesta a punto de dos rutas, una obra que le dé electricidad a la zona y el acondicionamiento de lo que hoy existe en la mina.

Desde el sector empresario aseguran que hace varios años no hay una inversión tan grande en Mendoza como la mina de potasio. El proyecto original estimaba invertir casi U$S6000 millones.

Cuando en su momento la brasileña Vale abandonó el proyecto y se hizo cargo la Provincia, se firmó un contrato de confidencialidad que no permite obtener demasiados detalles. No obstante, se sabe que la inversión estimada será en torno a los 1000 millones de dólares y que la provincia permanecerá como accionista minoritaria, una vez que comience la operación. Desde el sector empresario aseguran que hace varios años no hay una inversión tan grande en Mendoza. El proyecto original estimaba invertir casi U$S6000 millones.

Cómo será el proyecto
En palabras del director de PCR, Emilio Guiñazú, el Gobierno será accionista minoritario y aportará los activos, licencias y concesiones pertinentes. Una vez afinados los detalles, se estima que el cronograma de construcción tenga una duración aproximada de tres años y que, durante ese lapso, se generen entre 800 y 1000 puestos de trabajo de manera directa. Después, la mano de obra será menos intensiva y –según la información oficial- se calcula que podría crear más de 300 puestos directos.

Cuando esté construida, la expectativa es que produzca un millón y medio de toneladas de potasio por año. En la actualidad, el potasio tiene un precio internacional cercano a los US$600 la tonelada. Tuvo un pico de 1000 US$/Tn el año pasado, pero en líneas generales no se espera que se desinfle por debajo de los 500 dólares, debido entre otras cosas, a que uno de los principales productores es Ucrania. Mendoza tiene una ventaja comparativa en este punto ya que Brasil es un gran consumidor de potasio ucraniano.

Lo que se hará ahora es la venta de la mina y de los derechos mineros a perpetuidad. Son 80 000 hectáreas, en las cuales se extraerán sales de potasio. En una primera instancia la empresa deberá clasificar lo existente y comenzar la construcción de las dos plantas que tendrá la mina. En una se realizarán los procesos de disolución de la sal por inyección de agua y el tratamiento de la salmuera para obtener el potasio.

La otra será la planta de cristalización, flotado y pulido; entre otros procedimientos industriales para obtener el potasio cuya logística se realizará con camiones. Después de la construcción se realizarán la ingeniería y el montaje del equipamiento para ponerla en marcha. Se trata de un proceso que tiene mucho tiempo de planificación así como de una cuidadosa selección y contratación de proveedores.

La presidenta de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros (Camem), Marita Ahumada, explicó que las primeras etapas de los proyectos mineros no son intensivas en mano de obra, pero sí muy importantes para el desarrollo de proveedores. “Se genera un crecimiento de empresas proveedoras, servicios y profesionales, que luego nutrirán el emprendimiento y que generan desarrollo técnico y económico para la provincia”, explicó.

Un recorrido de muchos años
No es sencillo ilusionarse con las inversiones que puede traer la venta de PCR si se tiene en cuenta que el proyecto comenzó en 2006 de la mano de la británica Río Tinto. En 2009 la compró la brasileña Vale, que se fue en 2013 sin pena ni gloria, en medio de la baja del precio del potasio, de una propuesta demasiado grande e infinidad de trabas; muchas relacionadas con la logística.

En 2019 se firmó la partida oficial de los brasileños que traspasaron U$S250 millones en activos a la Provincia, lo que, aprobación legislativa mediante, se formalizó en diciembre de 2020. De acuerdo con Guiñazú, eso se utilizó para inventariar, ordenar y crear condiciones que permitieran mantener la maquinaria existente y mantener el predio en general. “La Provincia no ha gastado un centavo en Potasio”, aclaró el director de PCR y agregó que todo lo realizado se hizo con ese capital.

Eso también incluye la contratación de un banco de inversión internacional para que formateara el proyecto y buscara interesados en invertir. En diciembre de 2021 se anunció que se haría cargo el banco suizo UBS (Unión de Bancos Suizos), la mayor entidad financiera de ese país, con la condición de cobrar una vez concretada la venta.

El año pasado se lanzó la venta oficial en la PDAC de Toronto, una de las mayores ferias mineras del mundo, y se anunció, unos meses atrás, la existencia de tres ofertas vinculantes. La modalidad implica que si los actuales oferentes se retiran, deben pagar una multa.

Por el contrato de confidencialidad no se sabe cuáles son esas empresas, ni cómo son las ofertas, pero sí que las tres mantendrán a PCR como socia minoritaria. “La confidencialidad tiene que ver con que buscamos atraer a firmas internacionales y de primer nivel”, subrayó Guiñazú. Aclaró que es un punto que este tipo de empresas valora, ya que cotizan en Bolsa y no quieren anticipar sus movimientos. Y agregó: “Que sea confidencial no quiere decir que sea secreto, porque cada parte ha sido controlada y verificada por la Fiscalía de Estado”.

Ahora, el Gobierno analiza las propuestas, las capacidades técnicas y financieras de los oferentes, así como los modelos de contrato que proponen. Se trata de un intercambio en el que no todo se puede tabular. “El objetivo es lograr la mejor opción y todo se hace con trazabilidad, queda registrado”, sumó Guiñazú.

“Es difícil atraer inversores en un país en el que las reglas se modifican de manera continua”, destacó el empresario metalmecánico Julio Totero.
Raúl Rodríguez, miembro de CAEM, expresó que por la confidencialidad no tienen detalles del proyecto, la Cámara le da bienvenida a los que realicen minería en la provincia, a partir de los “parámetros que siempre defendemos como transparencia, eficiencia y sustentabilidad”.

Puntos débiles y posibles trabas
La principal traba que puede aparecer en el horizonte de Potasio es el contexto macroeconómico y las dificultades que ya ha tenido el proyecto. “Es difícil atraer inversores en un país en donde las reglas se modifican de manera continua”, destacó el empresario metalmecánico Julio Totero, quien hoy participa de un espacio político. Sin embargo, PCR posee trabas más terrenales, como es su escasísima infraestructura y uno de los motivos por los que Vale se marchó.

Por un lado, la Provincia debe hacerse cargo de conectar la mina con el Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Desde Bardas Blancas y Pata Mora hacia el sur no hay electricidad y no hay proyecto posible sin energía. La apuesta es realizar sinergia, también, con la actual exploración de YPF en la zona local de Vaca Muerta; ubicada cerca de allí.

Además, Mendoza debe acondicionar la ruta provincial 189 que conecta la 40 con Pata Mora. Según Guiñazú, se trabaja en optimizar la traza para dejar la ruta en condiciones. El problema también está en un tramo de la ruta nacional 40, entre Bardas Blancas y Ranquil norte, frenado desde hace más de diez años. En un contexto de grandes diferencias entre ambos gobiernos y de la dificultad general para realizar obras públicas; hay incertidumbre de qué sucederá con esto.

Por último, también debería tenerse en cuenta la lucha de los ambientalistas. No hay objeciones con este proyecto, debido a que no se enmarca en la Ley 7722 ya que no es minería metalífera. Además, en su momento, la británica Río Tinto atendió sus dudas y modificó algunas cuestiones. No obstante, fuentes del sector hicieron notar la importancia de revalidar la Declaración de Impacto Ambiental, así como tener en cuenta la utilización del agua del proyecto.

Fuente: Mdzol