La Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica (CNECT), que evaluó en profundidad antecedentes nacionales e internacionales sobre la fractura hidráulica (fracking), recomendó al Poder Ejecutivo, como posición mayoritaria, extender la moratoria de la actividad.

El subsecretario Verri dijo que este documento será la base que se enviará al Parlamento para su estudio y consideró que la extensión de la moratoria a través de una ley “blindará al país” de la posibilidad de que se realice fracking por un período más prolongado. Al mismo tiempo, descartó que el Gobierno considere efectuar prospecciones convencionales y no convencionales en tiempos en que el país se dirige a una segunda transición energética basada en las energías renovables.

La Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica (CNECT), que funciona bajo la órbita del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) para estudiar en profundidad el tema del fracking en Uruguay y asesorar sobre la posibilidad o no de efectuar esta actividad en nuestro país, entregó el 2 de diciembre su informe final al Poder Ejecutivo.

Este documento, recibido por el subsecretario del MIEM, Walter Verri, presenta como posición mayoritaria extender la moratoria para realizar actividades de fracking en nuestro territorio. El Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley, basado en este documento, para su estudio por parte de los legisladores.

Durante el encuentro, Verri, en nombre del MIEM y del Poder Ejecutivo, agradeció a los integrantes de la comisión por su tiempo y esfuerzo para realizar un aporte en “beneficio del país”.

El subsecretario dijo que el Poder Ejecutivo seguirá las sugerencias del informe, elaborado con diferentes análisis y recopilación de datos nacionales e internacionales. Por ese motivo, este documento constituirá el proyecto de ley que se enviará al Parlamento. La extensión de la moratoria a las actividades de fracking por un plazo mayor al anterior, a través de una ley, “blindará al país” legalmente ante eventualidades que, no obstante, hoy no se consideran, aseguró Verri.

El jerarca dijo que se trata de “proteger al Uruguay de la posibilidad del fracking”, si bien afirmó que el Gobierno actual descarta realizar exploraciones y prospecciones convencionales y no convencionales, especialmente en tiempos en que el país avanza hacia una segunda transición energética basada en las energías renovables y la movilidad eléctrica.

Verri valoró también la “amplia base de consenso político” que se obtiene debido a que la CNECT está integrada por representantes de diversas organizaciones, tanto estales como científicas y de la sociedad civil. Recordó que la comisión fue creada en el Gobierno anterior y se consolidó en este, sin injerencias políticas de ninguna índole. Se trata de “una política de Estado más allá de los partidos”, señaló.

La CNECT fue creada por la Ley 19.585. Está presidida por el MIEM —actualmente bajo la coordinación de Alicia Torres— e integrada por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el Ministerio de Ambiente, la Universidad de la República, el Congreso de Intendentes, la Academia Nacional de Ciencias del Uruguay y la Red Uruguaya de ONG Ambientalistas.

Sus objetivos son recopilar y estudiar en profundidad los antecedentes internacionales relativos al procedimiento de la fractura hidráulica (fracking) y de la perforación horizontal, incluidos disposiciones, normativas e informes científicos y técnicos.

Además, identifica las mejores prácticas internacionalmente reconocidas en cuanto al procedimiento de la fractura hidráulica y evalúa la posibilidad o no de utilizarlo en Uruguay.

Asimismo, asesora a los poderes del Estado y los gobiernos departamentales sobre las potenciales consecuencias de la utilización del fracking.

El informe técnico y científico que produjeron los actores multidisciplinarios de la CNECT contiene un análisis profundo del procedimiento de fractura hidráulica, adaptado específicamente a la realidad de nuestro país. En función al contenido de este informe, el Parlamento decidirá si se continúa con la prohibición de la aplicación de la técnica o si se habilita bajo ciertas condiciones a partir de 2022.

En el documento presentado el 2 de diciembre, las organizaciones adoptaron como posición mayoritaria la extensión de la moratoria del fracking. En posición minoritaria, la Red Uruguaya de ONG Ambientalistas recomendó la prohibición de esta actividad.