Finalmente, el Estado argentino invertirá 15 millones de dólares y Mendoza 5 y 21,2% de participación. Así serán accionistas de la empresa metalúrgica Impsa. La empresa fundada por la familia Pescarmona, tras lograr reprogramar su deuda de US$560 millones el año pasado, mediante un acuerdo preventivo extrajudicial (APE),  emitió nuevas acciones para capitalizar la empresa.

El restante porcentaje accionario seguirá en manos privadas, un 9,8% entre un conglomerado de bancos y 5,3% para la familia fundadora. Si bien el control de la compañía lo tendrá el gobierno nacional, se rumora que el 65% de las acciones de Impsa, que está en manos de un fideicomiso de inversores institucionales internacionales  y nacionales, así se quedará. El otro 35% es de la familia fundadora.

Todavía falta que en la cartera que dirige Matías Kulfas se confirme la inversión, pero, por lo pronto, el ministro mantuvo un encuentro con el CEO de Impsa, Juan Carlos Fernández, el miércoles de la semana pasada en el ministerio.

“Nos interesaba sumarnos con la intención de que Impsa no deje la provincia. Es una empresa del entramado productivo de Mendoza, que da trabajo a 100 pymes metalmecánicas que son proveedoras. Ha tenido un devenir complicado, pero no deja de ser una empresa de tecnología muy importante, referente de innovación vinculada con la energía. Además, genera que haya una mano de obra muy capacitada, con un capital social que en Mendoza no queremos perder. Queremos asociarnos en el salvataje que lidera la Nación y acoplarnos en un rol más secundario”, dijeron en el Ministerio de Economía y Energía de Mendoza.

Luego de que la provincia votase a favor del ingreso accionario a través de una ley que tenía una condición: Impsa no puede irse de Mendoza hasta al menos dentro de25 años.

“Es gente calificada que hasta se podría ir a vivir a otro país si la compañía cierra. Es un capital social que no queremos perder” señaló el entorno del ministro Enrique Vaquié, también que ingresar en una empresa privada no es el objetivo principal de la provincia, pero que “es peor no hacerlo”, ya que podría cerrar y se perderían los 700 puestos de trabajo.

La empresa diseña y fabrica en su Centro de Desarrollo Tecnológico de Mendoza las nuevas turbinas de la central hidroeléctrica de Yacyretá, los aerogeneradores del Parque Arauco (La Rioja), equipamiento para la central hidroeléctrica El Tambolar (San Juan), equipamientos para YPF y la fabricación del primer reactor nuclear argentino para generación de energía, el Carem, entre otros proyectos.

En abril de 2018, el empresario Enrique Pescarmona, tuvo que dar un paso al costado, los “malos negocios” con Venezuela, cuando se tuvo que hacer un plan para restablecer operaciones, con un pasivo superior a los US$1000 millones, que finalmente se redujo a menos de la mitad fueron el principal detonante.

“Garantizar la continuidad de proyectos nacionales de importancia estratégica para la Argentina” es lo que buscaba el CEO de la empresa cuando envió dicho comunicado en junio del año pasado. Luego ya en diciembre, el Ministerio de Desarrollo Productivo confirmaba que la compañía había ingresado en el Programa de Asistencia a Empresas Estratégicas en Proceso de Reestructuración de Pasivos (Paeerp) y que el Estado iba a pagar durante cuatro meses el 75% de los salarios de los trabajadores.