Un reconocido instituto petrolero de Estados Unidos indicó que el nuevo plan de infraestructura es incompatible con la industria. “Nuestra industria no recibe un tratamiento fiscal especial”, señalaron.

El Instituto Estadounidense de Petróleo (API, por sus siglas en inglés) aseguró que el plan de infraestructura lanzado por el presidente de ese país, Joe Biden, pone en riesgo los empleos vinculados a la industria hidrocarburífera. Afirman que al ser un sector de capital intensivo no podrá competir con los fuertes estímulos del Estado.

A través de un comunicado aseguraron que “apoyan” el objetivo de la administración de modernizar la infraestructura de la Nación incluidas las rutas, puentes ferrocarriles y puertos. Sin embargo, levantaron las alertas y sentenciaron: “Apuntar a industrias específicas con nuevos impuestos solo socavaría la recuperación económica de la nación y pondría en peligro los trabajos bien pagados, incluidos los trabajos sindicales”.

El documento fue firmado por el vicepresidente senior de Asuntos Políticos, Económicos y Regulatorios, de la API, Frank Macchiarola.

“Es importante tener en cuenta que nuestra industria no recibe un tratamiento fiscal especial, y continuaremos abogando por un código fiscal que respalde la igualdad de condiciones para todos los sectores económicos junto con políticas que sustenten y aumenten los miles de millones de dólares en ingresos gubernamentales a los que ayudamos a generar”, señalaron.

En detalle, el presidente Biden pidió por mayores inversiones en vehículos eléctricos, energía renovable y en la red eléctrica como parte de un plan amplio para impulsar la economía de Estados Unidos mientras se combate el cambio climático.

Los planes del presidente, parte de una infraestructura de 2,25 billones de dólares y un plan de estímulos, están destinados a catalizar inversiones en una economía limpia y fomentar la tecnología de bajas emisiones. Parte del dinero lo financiará con el aumento de impuestos.

La iniciativa de Biden otorgaría una extensión de 10 años a los créditos fiscales que han sido de gran ayuda para los proyectos de energía eólica, solar y otras energías renovables. Su proyecto, que requiere la aprobación del Congreso, también haría reembolsables esos créditos fiscales por energía limpia, una de las llamadas opciones de pago directo que los desarrolladores han buscado a medida que se agota el financiamiento de capital fiscal.