El gobierno les reconoce un precio superior al real, pero al mismo tiempo reducirá los descuentos a los usuarios. Las concesionarias reclaman tarifas más altas.

El valor de la producción del gas es siempre la figurita difícil: las empresas son celosas de informar al respecto y negocian con el gobierno con hermetismo. A modo de incentivo a una producción endeble y con el objetivo a largo plazo de esquivar las importaciones, el gobierno nacional acordó con las petroleras un precio promedio de U$S 3,53 por millón de BTU (unidad de medida) para la producción prioritaria, en el marco del Plan Gas.Ar.

Ese precio, a lo largo de 2021, significará para las empresas ingresos por U$S 1532 millones, sobre un total de U$S 2059 millones, según una estimación que la Secretaría de Energía dio a conocer en un informe técnico que publicó esta semana. El resto son importaciones: gas de Bolivia, U$S 280 millones, y GNL importado, U$S 247 millones.

Si se suman las importaciones, el precio ponderado promedio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (conocido en la jerga técnica como PIST) se ubica en U$S 3,91 por MBTU y será pagado en parte por los usuarios, en las tarifas, y en parte por el propio Estado, en la forma de subsidios.

Con el precio para la producción colocado en U$S 3,91 por MBTU, la audiencia pública convocada por la Secretaría de Energía para el próximo 15 de marzo comenzará a definir quién se hará cargo de pagar.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (Enre) convocó a una audiencia pública para el próximo 29 de marzo a las empresas de transporte y distribución de electricidad con el fin de “tratar el Régimen de Transición Tarifaria”; es decir, el aumento en la tarifa.