El gobierno incluyó en el presupuesto 2021 un bono de $29 mil millones para saldar una deuda con las productoras en la previa del Plan Gas 4.
El gobierno incluyó en el presupuesto 2021 un bono de $29 mil millones para saldar una deuda con las productoras en la previa del Plan Gas 4.
El gobierno nacional terminó de darles una nueva señal a las empresas productoras en la previa a reglamentar el Plan Gas 4. En total, les asegura que en el presupuesto del 2021 habrá para el sector al menos 108.200 millones de pesos. Se acaba de confirmar luego del dictamen de la Comisión de Presupuesto que, a instancias del gobierno nacional, modificó un artículo del proyecto que se trata en el Congreso para poder saldar una millonaria deuda con las petroleras.
El presupuesto que envió el ministro de Economía Martín Guzmán ya asignaba el pago de 78.702 millones de pesos en el 2021 a las productoras de gas. De este total, unos 20 mil millones serán destinados a la producción bajo el nuevo precio estímulo para un bloque de 70 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) con el que el Nación busca evitar el peor escenario, uno de importaciones crecientes y giro de más dólares al exterior.
El resto, unos 58.056 millones de pesos, ya estaban incluidos para cumplir con asignaciones a las petroleras por los volúmenes cubiertos por el subsidio de la resolución 46/17 del ministerio de Energía durante el gobierno de Cambiemos. Ese beneficio finaliza a finales del año próximo.
En la antesala del Plan Gas 4, que el presidente Alberto Fernández anunció en Vaca Muerta días atrás, al gobierno nacional le quedaba por resolver un foco de tensiones con las empresas.
Tal como lo publicó +e, había una deuda millonaria que las productoras buscaban cobrar y que era parte de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que el Senado, a instancias del kirchnerismo, no había convalidado.
Se trata del decreto 1053, mediante el cual el Estado asumía el pago de las diferencias por aumentos tarifarios que el gobierno de Mauricio Macri no había podido aplicar, ante el clamor en contra de los consumidores, luego de una devaluación del 2018.
El ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, mientras encaraba las negociaciones con las petroleras para el nuevo precio estímulo, el Plan Gas 4, intentó empezar a normalizar esa deuda, cuando finalmente desde el Congreso le bajaron el pulgar con el rechazo del DNU.
La ambigüedad de dos visiones contrapuestas en torno a la resolución de esta deuda millonaria, una desde el Ejecutivo y la otra desde el Senado, sembró durante meses incertidumbres adicionales y empantanó más el complicado escenario que atraviesa la industria petrolera desde mediados del 2019.
Ahora, en plena discusión parlamentaria del Presupuesto 2021, el gobierno nacional da marcha atrás y opta por una señal recomponedora. Se da en unos últimos 15 días con una intensidad de contactos entre el sector petrolero y el gobierno nacional como casi no habían ocurrido, al menos públicamente, durante el mandato de Fernández: durante ese lapso el presidente estuvo en la refinería de Raízen, luego visitó Loma Campana (Vaca Muerta), para después mantener reuniones con Marcos Bulgheroni (CEO de PAE) y Paolo Rocca (CEO del Grupo Techint, del que forma parte Tecpetrol).
El gobierno nacional piensa normalizar el pago de esta deuda a través de una modificación de dos artículos en el proyecto de presupuesto: el 91, que deja sin efecto el DNU, acaso para no herir susceptibilidades por lo obrado en el Senado, y a renglón seguido, con el artículo 92, en el que reconoce el pago de 29.514 millones de pesos, “a los fines de cancelar las obligaciones pendientes con las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y los proveedores de gas natural”.
De este modo, hay unos 108.216 millones de pesos establecidos como hoja de ruta para el gas del 2021 dentro del Presupuesto, una suma que claramente quedará atada a la cotización del dólar, si bien al mismo tiempo el gobierno se reserva la posibilidad de asignar partidas adicionales para la producción.
Tal como lo venía informando +e, la deuda cuyo pago ahora el gobierno habilita implicaba una cifra cercana a los 24.000 millones de pesos. Entre las empresas con montos por percibir hay dos con injerencia del Estado: Integración Energética Argentina (IEASA, la ex ENARSA) e YPF, con acreencias por 8900 y 6500 millones de pesos cada una.
La francesa Total Austral, con $ 2350 millones, era el mayor acreedor privado de esa deuda. El resto se distribuye de la siguiente forma: Pan American Energy (PAE), con $ 2100 millones; Pampa Energía, con $ 1200 millones; la alemana Wintershall Dea, con $ 960 millones; Tecpetrol, con $ 635 millones; Pluspetrol, con $ 475 millones; Compañía General de Combustibles (CGC), con $ 410 millones; y Vista Oil & Gas, con $ 35 millones.
Al mismo tiempo, las fuentes legislativas consultadas recordaron otros dos artículos que se incluyeron en el proyecto que avanza en Diputados.
A través del artículo 89, se consigna que el ministerio de Economía, mediante la secretaría de Energía reglamentará las bases y condiciones para otorgar incentivos a las empresas a través del pago de una compensación y la emisión de Certificados de Crédito Fiscal en garantía, aplicables a la cancelación de las deudas impositivas que mantengan con la AFIP. Estos certificados emitidos en forma electrónica y en moneda extranjera, “se convertirán a moneda de curso legal al tipo de cambio comprador conforme a la cotización del Banco Nación”.
También el Presupuesto, en su artículo 103, faculta a la Jefatura de Gabinete a efectuar las reasignaciones presupuestarias correspondientes para llevar adelante el Plan Gas.
Fuente: Más Energía.
