Las fuentes consultadas para esta nota explicaron que Guzmán estudia más en profundidad por estas horas el costo fiscal del plan. El esquema acordado establece un precio de entre 3,40 y 4 dólares por millón de BTU para un bloque de 70 millones de metros cúbicos diarios de gas (MMm3/d) con un aporte del Estado por cuatro años.

El objetivo es garantizar la demanda interna en un momento en que los pozos de todas las cuencas productoras declinan por la falta de inversiones: esto requiere de nuevas perforaciones, lo que implica inyectar capital en las áreas. Para que las empresas lo hagan, se les ofrece un precio que salde sus costos de producción y una garantía de ganancias.

En buena medida, el país está en una suerte de cuenta regresiva: o utiliza aportes del Estado para garantizar la oferta del 2021 con producción propia o utiliza dólares en importaciones, con el consiguiente impacto en el resto de la economía y el nivel de reservas del BCRA.

“Hay que armonizar los intereses de todos: consumidores, Estado e industria, tienen que quedarse conformes al menor costo posible”, informó una fuente del gobierno nacional. “Tenemos que generar confianza, los cuatro años que nos precedieron fueron muy contradictorios. No podemos ir a un esquema que luego volteemos”, planteó otra fuente con llegada al ministerio de Economía. “Hay cuestiones en la que Kulfas nos podía avanzar y en las que la última palabra la tiene Guzmán”, resumió.

El seis de agosto pasado, hace más de un mes, Kulfas oficializó el plan luego de un encuentro con las productoras, en las que la cartera productiva emitió una comunicación oficial.

El plan ofrecería mejores condiciones de precio para 70 millones de metros cúbicos diarios de producción (MMm3/d) durante cuatro años. El mecanismo de subastas que se pondrá en marcha fijará un cupo de 47,2 MMm3/d para Neuquén, otros 20 MMm3/d se inyectarán desde la Cuenca Austral y el NOA aportará otros 2,7.

El precio del gas PIST (Precio de Ingreso al Sistema de Transporte o en boca de pozo) “surgirá del mercado, en un marco de libre competencia, pero con condiciones que fija el Estado para asegurar los objetivos del programa”, informó la cartera productiva en ese entonces.

Luego hubo una nueva convocatoria: el 14 de agosto pasado todo indicaba que el plan sería rubricado, pero ese día hubo una suspensión del encuentro, que se postergó una semana. Sin que mediara una comunicación oficial, trascendió que las petroleras habían pedido más tiempo para seguir evaluando la oferta.

Después llegó el cambio de estructura: Energía pasó a Economía y el ex secretario Sergio Lanziani, de participación nula en este plan, renunció. El neuquino Darío Martíntez se quedó con el cargo tras la oferta que le hizo el presidente Alberto Fernández.

Hoy todo indica que Guzmán ajusta los detalles económicos del plan. En el mismo lapso, Martínez comenzó a mantener reuniones con los CEO de las principales productoras del país, con una agenda amplia en la que también se encuentra un plan estímulo que encierra claves para la recaudación de las provincias, en un contexto de caída económica producto de la pandemia.

Fuente: Más Energía.