Especialistas solicitan a las autoridades aumentar el gravamen y discriminar a las centrales de energías renovables de su pago. Aseguran que el impuesto cobra 5 dólares a la tonelada de CO2 pero el costo que estas emisiones ocasionan a la sociedad es de 32 dólares.

Ayer, la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA) organizó un webinar titulado “Impuesto Verde”, donde junto a expertos del sector analizó el estado de situación de esta medida de este gravamen.

Una de las ponentes fue Sara Larraín. La ecologista y referente en energías renovables observó que el impuesto debe aumentarse pero no sin antes discriminar a las centrales de energías renovables del mismo.

En su opinión, la manera actual en que es aplicado es “distorsiva” y “perversa”. “El primer tema que tenemos que resolver es que el gravamen se incorpore en el costo variable que determina el despacho de la energía”, indicó la experta.

Explicó que, a causa de ello, “en términos reales no se despacha lo que es más económico”, ya que el sistema opta por el carbón al gas natural, a pesar de que el fluido no emite dióxido de azufre y genera menos material particulado que le carbón.

En segundo lugar, observó que el impuesto verde “no puede ser aplicado a empresas limpias que no generan contaminantes”. “Aquí hay una perversión del instrumento”, advirtió, al tiempo que justificó: “están pagando quienes no emiten”.

“La fórmula del impuesto verde en Chile lo que hace es generar un portafolio más ineficiente en término de reducción de emisiones. Está dando una señal equivocada, porque compensa a la producción contaminante y les cobra a las renovables parte de las emisiones que generan los otros”, precisó Larraín.

Cabe señalar que este es un viejo reclamo de la industria. En junio del año pasado, ACERA difundió un comunicado donde se Director Ejecutivo, Carlos Finat, expresaba que este impuesto al CO2 “obliga a generadoras renovables, que no emiten, a pagar 6.971 millones de pesos, monto equivalente al 42% de las compensaciones”

Otro aspecto que remarcaba el dirigente es la necesidad de “ajustar su valor (del Impuesto Verde) para llegar a uno efectivo”. En esa línea, Larraín observó: “es menos el gravamen que el costo del abatimiento del CO2”.

La experta precisó que el impuesto cobra 5 dólares por tonelada de CO2 emitida, sumado a “un porcentaje muy mínimo de los contaminantes locales; pero todos los estudios indican que el costo de abatimiento de CO2 está en el orden de los 32 dólares”, aseguró.

“Las empresas están pagando 5 dólares mientras que la sociedad está cargando (con los 27 dólares restantes) en gastos en salud y preservación al medioambiente”, resumió, al tiempo que remató: “el pago no corresponde a la contaminación que produce”.

Antes de concluir, expresó que “hay que aumentar el impuesto verde, al menos en forma gradual, para que la sociedad no tenga que pagar estos costos sino directamente aquellos que generan la contaminación”.

En ese sentido, sugirió que “los distintos organismos financieros debieran incorporar este costo del carbono como un elemento de evaluación en las inversiones privadas”.

Por su parte, Marcelo Mena, especialista en energía y actual miembro del Consejo Asesor de Hidrógeno Verde, coincidió con Larraín.

“Cuando diseñamos el impuesto sabíamos que era un paso inicial, pero no imaginamos que 6 años después no sería cambiado”, indicó el exministro de Ambiente de la gestión de Gobierno de Michelle Bachelet.

Mena explicó que un potencial aumento del impuesto redundará en una mejora a la recaudación fiscal y aseguró que una suba de este tipo no encarecerá el precio de la energía por como está estructurado el despacho.

Además, sugirió que el aumento podrá acelerar el cierre de termoeléctricas: “3.800 MW que podrían ser reemplazados en torno a 11 GW de renovables; podría generar más inversiones en torno a los 7 mil millones de dólares”, destacó.

Como ejemplo a ello, el experto puso a la agroindustria, que por este impuesto viró hacia energías más limpias. “En cuatro años bajó la emisión de material particulado en un 95%” en ese sector, precisó Mena.

Fuente: Energía Estratégica.